Observatorio Universitario de Violencia Institucional
DECLARACIÓN GENERAL
Buenos Aires, 23 de marzo de 2016
El Observatorio Universitario de Violencia Institucional de la Facultad de Filosofía y Letras tiene como una de sus funciones principales el registro, seguimiento y divulgación de las situaciones que atentan contra la garantía de los derechos de las personas, especialmente, aquellas violaciones cometidas por los agentes públicos de seguridad a través del uso ilegítimo de la fuerza, conferida legalmente por los aparatos represivos del Estado.
En este marco, queremos expresar y compartir con la comunidad académica y sociedad en su conjunto, nuestra preocupación ante el aumento, acontecido en los últimos meses, de los casos de violencia institucional.
A 100 días del gobierno de la Alianza Cambiemos, las políticas desarrolladas dan cuenta de su objetivo político-económico; la supremacía del libremercado, el achicamiento del Estado, el silenciamiento de la movilización social; la criminalización de la protesta; el retorno de las políticas económicas de endeudamiento, el encarcelamiento de los opositores, como en el caso de Milagro Sala.
La represión a los trabajadores de Cresta Roja, a los trabajadores de la municipalidad de La Plata, a los bancarios, a los chicos y chicas miembros de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo”del Bajo Flores, a los manteros, son algunos de los ejemplos que evidencian la intensificación de casos de abuso de la autoridad policial en las calles, los barrios y los pueblos de todo el país.
Por otro lado, los miles de despidos mediante procedimientos que maltratan y estigmatizan a los trabajadores son también otras formas de ejercicio de violencia por parte de las instituciones que conforman el Estado Nacional.
En síntesis, se trata de una concepción política que busca excluir sectores cada vez más amplios de la sociedad en pos de una transferencia de recursos que va de los asalariados hacia el capital financiero concentrado, los grandes agroexportadores, la megaminería; mientras se recortan fondos para la educación pública y se quitan subsidios a las políticas de inclusión que daban cuenta de un Estado que protegía los intereses de los sectores más vulnerables. Este plan económico sólo puede sostenerse por medio de un silenciamiento de la protesta social de forma autoritaria, violenta y represiva.
En estos último días, debemos lamentar el asesinato a manos de la gendarmería de Brian Romero en el Barrio Fátima de Villa Soldati, la represión a las trabajadoras de las escuelas en La Plata en el día de la mujer; mientras que vecinos del Barrio Mitre, en la ciudad de Buenos Aires, fueron agredidos con balas de goma y plomo.
En este sentido, puede leerse el “Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad en manifestaciones públicas”, contracara de la “emergencia de seguridad pública” declarada por un año, como el marco justificatorio de las políticas represivas que se vienen implementando desde el pasado 10 de diciembre. Es necesario aclarar que el presente protocolo de ninguna manera está en vigencia debido a que necesita de todo un circuito de aprobaciones que aún no posee y, por lo tanto, rige el protocolo aprobado en el año 2011.
El OBUVI repudia fervientemente todos estos sucesos y actos, y seguirá trabajando para brindar análisis que permitan comprender las tramas discursivas e institucionales que posibilitan la represión, el asesinato, la estigmatización y el maltrato por parte de agencias y funcionarios del Estado.
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