El Observatorio Universitario de la Violencia Institucional comparte el resultado de la labor del Tribunal Popular de los Pueblos acerca de las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en Colombia, tribunal del que Graciela Daleo, integrante del OBUVI y de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, forma parte.
Colombia: Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos
GENOCIDIO POLITICO, IMPUNIDAD Y LOS CRIMENES CONTRA LA PAZ EN COLOMBIA (2020-2021)
El 17 de junio el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) hizo público su fallo en la causa Genocidio político, impunidad y los crimenes contra la paz en Colombia. En esta sentencia se condena al Estado de Colombia por ser culpable del crimen de genocidio, desarrollado sin solución de continuidad a lo largo de las décadas del siglo XX y con más atrocidad durante los últimos diecinueve gobiernos, con un rol central de los gobiernos presididos por Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
El 1 de abril de 2020, el TPP recibió una solicitud de intervención de una plataforma social inicialmente constituida por 209 organizaciones sociales, incluyendo movimientos, asociaciones, comunidades, sindicatos y colectivos de distinto tipo, y 179 personalidades y líderes sociales. Este Comité impulsor hizo llegar al Tribunal una nutrida documentación en la que se detalla la infinidad de crímenes perpetrados por el Estado contra los pueblos colombianos cuyo punto de arranque en el siglo XX (el siglo XIX no estuvo libre de innumerables hechos de violencia) se ancla en las masacres de trabajadores de las empresas bananeras a comienzos de ese siglo. Violencia y represión estatal que tiene un punto de inflexión en la dècada del 40, cuando el surgimiento del gaitanismo, una opción política que rompía con el tradicional bipartidismo de conservadores y liberales, fue respondido por las clases dominantes con el asesinato de Jorge Elicér Gaitán en 1948, y de una cantidad de sus militantes y simpatizantes que hasta mediados de la década del 50 se estima en 300.000 victimizados.
De ahì que el Tribunal, en la caracterización de los hechos como constitutivos de un genocidio continuado contra un grupo nacional colombiano se ha focalizado en los últimos 70 años de ejercicio de violencia a manos del Estado. Las denuncias ante el tribunal fueron elaboradas por los propios colectivos agredidos, quienes las organizaron poniendo en evidencia las particularidades que afectaron a cada grupo, a la vez que las pautas comunes que recorren estos 70 años. Pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, grupos campesinos, organizaciones sindicales, movimientos políticos, líderes y lideresas sociales, movimiento estudiantil universitario, exiliados, presos y presas políticas, expusieron la situación de violencia estructural y de terror generalizado a la que vienen siendo sometidos. Situación en la que todos los crímenes reconocidos por el derecho internacional en términos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra documentan una estrategia planificada y efectiva de destrucción de la identidad del pueblo de Colombia, que es calificado a través de documentos oficiales como el “enemigo interno”.
El documentado rol protagónico de la geopolítica de los Estados Unidos, desde los inicios del siglo XX, y con una intensidad y sistematicidad creciente a partir del período de posguerra hasta hoy, pone en evidencia su involucramiento directo específicamente en la creación y el respaldo ininterrumpido del paramilitarismo, que desde la gestión de Uribe ha masificado la práctica de “falsos positivos”, que resume el impacto de una lógica de violencia promovida e impune contra grupos de población con el propósito de aniquilarlos física y simbólicamente.
El diseño genocida que se ha documentado a lo largo de las audiencias, materializado a través de matanzas, asesinatos, masacres, torturas, desplazamientos forzados de millones de pobladores, despojo de tierras, bombardeos aéreos, tiene su explicación desde la lógica de los perpetradores en los intereses económicos, políticos y estratégicos que defienden: los recursos naturales cuyo control ambicionan las empresas multinacionales y locales, y los territorios en los cuales llevar adelante sus proyectos extractivistas, de monocultivos y agroindustriales, sumado al interés geopolítico de EEUU sobre este país que es puerta de ingreso a Sudamérica, y con costas sobre ambos océanos. El análisis jurídico, social, cultural de este proceso continuo en el tiempo, coincide con la definición más estricta del crimen de genocidio, tal como lo establece la doctrina jurídica más actualizada del derecho internacional. El diseño permanente del Estado de Colombia, representado por sus gobiernos oligárquicos, ha sido la cancelación-destrucción de la identidad y de la autonomía de la vida de los pueblos y grupos humanos que tenían, y siguen teniendo, un proyecto de vida y de futuro diferente.
El fallo pone en evidencia la articulación de las tantas violaciones de los derechos humanos y de los pueblos en crímenes contra la humanidad y en crímenes de guerra e identifica la responsabilidad de los diversos actores, entre los que señala con nombre y apellido a todos los titulares del Poder Ejecutivo desde 1946 hasta el presente. Pone en evidencia también que cada acuerdo establecido con las organizaciones insurgentes para finalizar el conflicto armado comenzó a ser incumplido por el gobierno en el mismo momento de su firma, tal como viene sucediendo con los acuerdos firmados en 2016 entre el Estado colombiano y FARC-EP: 215 ex combatientes desmovilizados fueron asesinados o desaparecidos hasta julio de 2020. Asimismo, más de 750 líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados.
El TPP no es un tribunal penal, con poder para hacer que sus fallos tengan como resultado la imposición de penas a ser cumplidas. Es una herramienta de los pueblos, que son quienes le brindan los elementos para que elabore con rigurosidad dictámenes que amplifiquen la voz de los agredidos y constituya una interpelación al mundo ante la continuidad del genocidio que viene sufriendo el pueblo colombiano. La violencia estatal desatada contra la movilización iniciada el 28 de abril en todo el territorio de Colombia no hace más que ratificar la decisión de las clases dominantes de exterminar toda expresión que se oponga al proyecto cuya cabeza visible es hoy el presidente Duque.
Graciela Daleo
Miembro del TPP, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y del OBUVI.
Con lxs miembrxs del Tribunal, participó en la recepción de denuncias, el análisis de las mismas y la elaboración de la sentencia.